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“Se agrava” hostigamiento de priístas y perredistas contra comunidad zapatista
■ Las diferencias vienen desde 2000, refiere la junta de buen gobierno Corazón céntrico...
San Cristóbal de las Casas, Chis., 18 de octubre. La junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, en la zona de Los Altos, dio a conocer agresiones de grupos priístas y perredistas contra bases de apoyo del EZLN de las comuidades Tz’uluwitz y Cruztón, en el municipio autónomo San Juan Apóstol Cancuc. La hostilidad de dichos grupos no es nueva, pero en semanas recientes se ha agravado.
La JBG refiere que desde este 25 de septiembre, las familias zapatistas de Cruztón tienen “prohibido” por los priístas y perredistas transitar una carretera que da acceso al poblado.
En tanto, el 6 de octubre, en Tz’uluwitz, “los diferentes tipos de autoridades, como agente municipal oficial, comité de educación y comisión de luz eléctrica, allanaron la casa de uno de nuestros compañeros y robaron un rollo de cables para bajantes comprados por las bases de apoyo”.
En estas comunidades autónomas se ha manifestado en años recientes una problemática en torno a la educación de los niños, el suministro de energía eléctrica y ahora el uso de la carretera pavimentada. Enfrentan deliberados intentos de sabotear su autonomía y resistencia, con acusaciones que los zapatistas consideran infundadas, y agresiones que han denunciado en repetidas ocasiones.
Las autoridades autónomas refieren que los oficialistas no permiten a un compañero suyo transitar con su camioneta la carretera, pavimentada en un tramo de tres kilómetros. Ahora ya no sólo prohíben el paso del vehículo, también que viajen en cualquier carro las bases de apoyo. Han llegado a bajarlos de los transportes.
La JBG dice que para los perredistas y priístas, “la creación de la escuela primaria autónoma es el grave delito” que cometieron los zapatistas de la comunidad en agosto de 2004. Las bases de apoyo decidieron ya no participar “en los trabajos y cooperaciones” de la escuela oficial, “pero aclarando que en los otros trabajos y cooperaciones para el beneficio de la comunidad” (agua potable, luz eléctrica y la carretera) seguirían apoyando.
Las autoridades oficiales acusaron a los autónomos de “provocadores de división”, sosteniendo “que la lucha zapatista no sirve”. Semanas después, las bases de apoyo del EZLN convocaron a una asamblea de toda la comunidad para explicar “que sus hijos ya no van a inscribir en la escuela oficial, sino que van a iniciar su propia educación”. Algunas personas aceptaron eso, pero otras no. Les exigían cumplir “todos los mandatos de la comunidad, o sea, trabajar en las escuelas oficiales, aunque no estudien ahí sus hijos; de lo contrario, serían expulsados de la comunidad”.
En noviembre del mismo año “llegó el primer paquete para la instalación eléctrica trifásica, y trabajaron conjuntamente priístas, perredistas y zapatistas, porque la mano de obra no era pagada y la instalación llegó hasta la escuela”.
En octubre de 2005 se concluyó la segunda etapa, donde los zapatistas ya no trabajaron porque las jornadas fueron pagadas; aunque era para la comunidad, ellos “ya no tenían derecho de trabajar en esa obra”.
Después les cortaron la electricidad. Los priístas y perredistas los despojaron de bajantes y medidores. Ante ello, las bases zapatistas compraron sus bajantes para reinstalar el servicio. El 23 de febrero de 2006 los oficialistas “enfrentaron” a los autónomos y retuvieron por la fuerza a los representantes, por rescatar un transformador abandonado y sin dueño. A partir de entonces se cortó cuatro veces la luz a los autónomos; desde el 26 de junio de 2007 carecen de electricidad “sin justificación alguna”.
En Tz’uluwitz, los hostigamientos datan de 2000, cuando priístas y perredistas dejaron sin energía a 12 familias zapatistas. “Algunos de los que llegaron a cortar la luz y a robar los bajantes estaban armados con pistolas”. Pasando unos meses, las bases de apoyo del EZLN instalaron el servicio eléctrico “a su propia cuenta”. Así hasta hoy. El hostigamiento es constante.
La JBG se pregunta: ¿“con qué derecho las personas afiliadas a los partidos políticos cortan y roban cables para bajantes que no son de ellos; con qué derecho impiden transitar a las bases zapatistas en una carretera pavimentada; con qué derecho sujetan a las personas a un acuerdo que ni siquiera ha dado su palabra? Y lo peor, estas acciones son respaldadas por los distintos niveles de gobiernos”.
El comunicado completo de la JBG puede leerse en la edición electrónica de La Jornada.
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