De la RNJ

MANIFIESTO Y LLAMAMIENTO AL PUEBLO DE MÉXICO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS¹

¡YA BASTA! ¡MUERA EL TLCAN AGRICOLA!

¡POR UNA POLÍTICA NACIONALISTA,

Y UN CAMPO DIGNO, SIN HAMBRE NI MIGRACION!

AL PUEBLO DE MEXICO:

1. Ante la reiterada falta de voluntad política por parte del Gobierno Federal para discutir y resolver la grave e insostenible problemática del campo mexicano, desde el 1 de enero de 2008, las organizaciones campesinas, como parte fundamental del Pueblo de México, redoblamos la lucha por la recuperación de la soberanía alimentaria del país, en defensa de la sociedad rural, por un campo que supere la pobreza y otorgue expectativas de vida digna a las familias rurales, y por la construcción de un proyecto alternativo de Nación.

2. La alimentación es la primera condición para la vida de 107 millones de mexicanos, y cerca de dos millones de niños y niñas adicionales que debemos alimentar cada año. El sector primario es, además, la base para la sobrevivencia de 30 millones de mexicanos que radican y trabajan en el sector rural: la comida es asunto de Seguridad Nacional.

3. Los mexicanos debemos continuar en el siglo XXI la hazaña civilizatoria de nuestros antepasados indígenas, que lograron domesticar el maíz y otras especies, lo que equivale a la invención de la agricultura.

4. La Nación mexicana tiene la responsabilidad ante su propio pueblo y ante la Humanidad, del uso sustentable de la Megadiversidad. México es una de las pocas naciones Megadiversas del mundo y el centro de origen y diversificación del maíz, el principal grano producido actualmente a nivel mundial. Durante milenios, este grano y el frijol han sido la base de nuestra seguridad y soberanía alimentaria en manos de la agricultura campesina.

5. La soberanía alimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, y es un requisito indispensable para mantener las libertades de todas las personas y la Autodeterminación de la Nación, por lo que hacemos un llamamiento a todos los mexicanos de buena voluntad.

6. Ante las amenazas a la vida humana, y a la apropiación y control de la alimentación del pueblo, de las riquezas genéticas, tierras, aguas, bosques y playas del país, por parte de empresas globales, continuamos en el siglo XXI la lucha por la Tierra y Libertad de nuestros antepasados, con la lucha por la Soberanía Agroalimentaria, la Defensa de los Territorios Campesinos e Indígenas, y los Derechos plenos y Libertades Democráticas para todos los Mexicanos y Mexicanas.

7. La autodeterminación alimentaria es inseparable de la soberanía energética y esta de la soberanía nacional. Nos solidarizamos con todos los mexicanos que trabajan y resisten por ellas.

8. Es falso que hasta ahora estemos manifestando nuestros argumentos y propuestas:

1. Nos opusimos en 1992 a la contrarrevolución agraria que representó la modificación del Artículo 27 constitucional.

2. Nos opusimos con propuestas y argumentos duros a la inclusión del sector agropecuario en el TLCAN entre 1991 y 1993.

3. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpió al inicio de 1994, denunciando la injusticia del TLCAN para el país, para los pueblos indios, los campesinos y toda la población.

4. Desde 1994 nos hemos opuesto sistemáticamente al manejo discrecional y corrupto de los cupos de importación para favorecer a las grandes empresas agroalimentarias y a los importadores.

5. De 1998 a la fecha hemos participado activamente en la Cámara de Diputados para incrementar y mejorar la calidad del presupuesto rural.

6. Propusimos y promovimos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en el año 2000, que fue vetada por el Ejecutivo Federal y que posteriormente fue aprobada, con la participación activa de los Diputados y Senadores, misma que es considerada un ejemplo para muchos países por su visión integral y nacionalista.

7. La movilización de las principales organizaciones campesinas al grito de ¡El campo no aguanta más! condujo a la histórica Marcha Campesina del 31 de enero de 2003, misma que obligó al gobierno federal a dialogar hasta negociar y firmar el Acuerdo Nacional para el Campo el 28 de abril de 2003.

8. El 31 de enero de 2007, diversas organizaciones sindicales, campesinas y civiles agrupadas en el Espacio Social Tripartito, presentamos nuestra propuesta en el Zócalo de la Ciudad de México y en 17 capitales del país; mismas que se ampliaron el 10 de abril en el Monumento a la Revolución.

9. Desde junio de 2007, un conjunto amplio de organizaciones campesinas, no gubernamentales y ciudadanos, promovimos ante la sociedad mexicana la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo ¡Sin Maíz no hay País y sin Frijol tampoco!.

10. En noviembre de 2007 se dio la batalla conjuntamente con los Diputados, por un incremento de más de 27 mil millones de pesos al presupuesto rural 2008, con relación al presupuesto rural del 2007.

11. En diciembre de 2007 propusimos ante el Congreso de la Unión la aprobación de un artículo transitorio en la Ley de Ingresos 2008 para instruir al Ejecutivo Federal a efecto de que estableciera un mecanismo de administración del comercio exterior de maíz y frijol a partir del 10 de enero de 2008 para proteger la producción nacional, garantizar el abasto y contribuir a la seguridad alimentaria de la población, así como para crear una reserva estratégica alimentraria.

12. En diciembre de 2007, en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y de la Comisión de Programas Sectoriales y Presupuesto, acordamos un método participativo de revisión y negociación de las Reglas de Operación de los Nuevos Programas para el campo mexicano, mismo que ha sido incumplido por los secretarios de la Sagarpa y Semarnat.

13. El primer minuto del 1º de enero de 2008, las organizaciones campesinas de la Campaña Sin Maíz no hay País, con la solidaridad de organizaciones de granjeros, trabajadores agrícolas y ambientalistas de Estados Unidos, tomamos el puente de Ciudad Juárez Córdoba-Las Américas para protestar contra las políticas anticampesinas y entreguistas del gobierno de Felipe Calderón y contra la entrada en vigor de la última etapa de liberalización de las importaciones del TLCAN para maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, y para proponer a la Nación el Plan de El Chamizal para la Salvación del Campo y el Rescate de la Nación.

14. Asimismo, con el inicio del 2008 arrancaron también numerosas manifestaciones y pronunciamientos campesinos como el de Morelos, Chiapas, Zacatecas, Veracruz y Estado de México, entre otros.

9. A lo largo de estos años, las demandas y propuestas de los campesinos y trabajadores de la ciudad, no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno Federal: por el contrario, han aplicado políticas contrarias al interés nacional y a la letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

10. Los aumentos presupuestales promovidos y autorizados por la Cámara de Diputados en estos años, al aplicarse con políticas equivocadas, no han modificado las condiciones de producción y de vida de millones de mexicanos en el campo.

11. Ante esta situación, la sociedad rural, con la solidaridad de amplios sectores del país, se ve obligada a exigir la necesaria modificación de estas decisiones, en el marco de la construcción de un Nuevo Pacto Nacional.

Situación de la Nación y del Sector Rural

12. A 25 años de políticas neoliberales y 14 del TLCAN, los resultados para el campo y el país están a la vista:²

1. Crecimiento del PIB agropecuario en el período TLCAN (1994-2006): 1.4% anual.

2. Disminución de la producción de alimentos per capita durante estos años.

3. Déficit agroalimentario de 18 mil 600 millones de dólares, acumulado entre 1994 y 2007, con un déficit promedio anual de 2 mil millones de dólares.³

4. La importación de carne de bovino aumentó 440%, la de aves 280%, de cerdo 210%, de huevo 50%, 85% maíz, 44% sorgo, en este periodo.

5. El valor de las importaciones de alimentos provenientes de Estados Unidos de 1994 a 2007, alcanzó la cifra de 110 mil millones de dólares.

6. Aumentó la dependencia alimentaria del 10% en 1994 al 40% en 2006: el porcentaje de importaciones en relación al consumo nacional, es de 33% en maíz, 55% en trigo, 95% en soya, 72% arroz, 22% cebada y 55% algodón.

7. De los 50 millones de toneladas de granos de consumo nacional, México importa 17 millones, además de las que se importan en forma de productos cárnicos.

8. Las agroexportaciones las realizan sólo el 2% de las unidades de producción, en las que es frecuente la violación de los derechos humanos y laborales de cientos de miles de jornaleros, la sobrexplotación de mantos freáticos y contaminación con agroquímicos de hombres, mujeres y niños, así como de los suelos y aguas.

9. El 80% de la agroexportación (cerveza, jitomate, aguacate, fresa, frambuesa, melón, mango, tequila, principalmente) está en manos de empresas extranjeras.

10. La deforestación y erosión de bosques y suelos continúa incrementándose en la mayor parte del territorio nacional, con el consecuente agotamiento de los mantos freáticos, una mayor vulnerabilidad a fenómenos climatológicos y una mayor frecuencia de catástrofes socio-naturales como la inundación de Tabasco y el desgajamiento del cerro en San Juan de Grijalva, Chiapas.

11. El crédito al sector Agropecuario en precios constantes, se redujo de 51,371 millones de pesos en 1994 a 5,204 en 2007 y se concentró en grandes y medianas empresas. Únicamente 15 de cada 100 productores tienen acceso al crédito de avío y sólo 5 de cada 100 puede obtener un crédito de inversión a largo plazo. El crédito al agro de la banca comercial representa 1.6 de su cartera y 0.3% del financiamiento de la banca de desarrollo. Además, las tasas de interés que se ven obligados a pagar los productores mexicanos es de 100 a 200% por encima de la que pagan sus homólogos estadounidenses.

12. El presupuesto a precios constantes de la SAGARPA en 2007 (11,600 millones de pesos), aún no alcanza el nivel de 1994 (12,500 millones de pesos).

13. De 1994 a 2006 los precios para los productores de maíz aumentaron 277% y el ingreso agrícola en 334%. Pero los costos de producción aumentaron 450% y el precio de la tortilla para los consumidores 739%.

14. Se ha generado una concentración anticompetitiva en el mercado agroalimentario mexicano por 20 grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales, que controlan las semillas, los insumos, la comercialización, el procesamiento y la distribución de alimentos. Así, 4 empresas controlan el comercio de maíz y 1 la producción de harina de maíz, 3 controlan el mercado del trigo, 3 la comercialización del frijol y 3 su industrialización, 3 el pollo y el huevo, 3 la leche y 1 el café.

15. Los productores no han recibido apoyo público para una comercialización que les permita captar una mayor parte del precio pagado por los consumidores: el azúcar sale de los ingenios a 5.50 pesos por kilo y el consumidor lo compra a 12; los productores de cerdo reciben 12 pesos por kilo y en las tiendas de autoservicio cuesta 45; los productores de leche reciben entre 3.70 y 4.5 pesos por litro y cuesta en el supermercado hasta 12 pesos; el productor de frijol recibe 3.30 por kilo y el consumidor llega a pagar hasta 22 pesos.⁴

16. Se pasó de una casi nula importación de fertilizantes en 1990 a la importación cercana de 1 millón de toneladas en 2006, a un precio que aumentó de 1,969 pesos la tonelada de urea en 2000, a 4,000 en 2006; a pesar de que contamos con los elementos para producir fertilizantes nitrogenados en el país a precios competitivos y a favor de la productividad y mayor ingreso de los productores, y con un dictamen positivo de la Cámara de Diputados sobre la Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados, que se encuentra congelado en la Cámara de Senadores.

17. De 1994 a 2007 no hubo transición gradual a la apertura comercial total ni programa de inversiones para el sector de productores de maíz y frijol, ni para las regiones rurales marginadas. Estos dos hechos representaron un grave incumplimiento de los compromisos del gobierno federal con los campesinos de cara al TLCAN para enfrentar las asimetrías entre México, Estados Unidos y Canadá, los subsidios estadounidenses crecientes y la descapitalización en el campo mexicano.

18. Durante 25 años hubo ausencia de inversión pública y se desmantelaron instituciones, organismos, programas, presupuestos, y la red de protección del Campo Mexicano. A cambio de ello se entregó un PROCAMPO devaluado, a destiempo y previo pago de sobornos y que además deja fuera al 30% de los productores elegibles. Aunque el PROCAMPO es incluyente de la mayoría de los campesinos e indígenas, su diseño concentra el apoyo para los que más tierra posean, y su monto no es comparable con el nivel de subsidios por productor que otorgan los países desarrollados a sus productores.

13. Estados Unidos NO ha cumplido con el TLCAN; por lo que el Gobierno de México debe renegociar este tratado y gobernar con base en la Constitución y en beneficio del Pueblo de México, y no para atender decisiones e imposiciones de otros países:

1. Es totalmente falso que el campo mexicano esté en igualdad de condiciones para competir con los productores estadounidenses; que la apertura ya se dio y que por ello no afectará más en el futuro, y que los peor para el campo y la seguridad alimentaria del país ya pasó.

2. El presupuesto anual del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los subsidios de la Ley para la Seguridad e Inversión Rurales y otros fondos para atender desastres meteorológicos y de mercado, son cercanos a los 100,000 millones de dólares, contra 5,455 millones de dólares de la SAGARPA.

3. Con esos recursos, Estados Unidos refuerza su programa de apoyos directos, de incentivos a la calidad del ambiente, de respaldo al programa de acceso a mercados, del sistema financiero para la comercialización y continúa subsidiando la asistencia técnica, la investigación, la infraestructura y la bioenergía.

4. El Gobierno Federal es irresponsable ante la Nación, por no hacer nada ante el hecho de que Estados Unidos, a través de su Departamento de Agricultura, tiene proyecciones para apoderarse en el 2015 del mercado de granos, oleaginosas y cárnicos del país, para lo cual ha redireccionado su nueva ley agrícola 2008-2012.

5. Estados Unidos aumentó los subsidios agrícolas de 5 mil millones de dólares en 1994 a 30 mil millones en 2000, manteniéndolos en un promedio anual de 18 mil millones entre 2001 y 2007.

6. En 1994, los tres países firmantes iniciaron el acuerdo con niveles aproximados de apoyos directos a los productores; pero todo cambió a partir de 1997. Durante los años 1997–2000, los apoyos directos en Estados Unidos subieron de 20,836 a 43,570 millones de dólares anuales, equivalente a un aumento del 109%. El gobierno mexicano no hizo nada frente a estas prácticas desleales de comercio, mientras que gobiernos como el de Canadá y Brasil emprendieron demandas antidumping contra las exportaciones desleales de Estados Unidos de América.

7. El Gobierno Federal miente sobre el nivel real de apoyo a los productores estadounidenses, pues no contemplan los apoyos integrales y a la conservación que reciben. El aumento de los apoyos directos a sus productos fue desorbitado, mientras la Organización Mundial de Comercio y la ronda de Doha, yacen muertas y sepultadas.

8. El Estado Mexicano no tiene los recursos fiscales para competir con los recursos de los Estados Unidos, en donde se apoya tanto a los productores como a los consumidores.

9. Con la apertura total, el maíz importado de Estados Unidos, en volúmenes sin límite y sin controles sanitarios suficientes, llegará con fuertes respaldos financieros y subsidios, principalmente al momento de su exportación y de las cosechas nacionales, lo que significará una competencia desleal.

10. Las empresas transnacionales se están haciendo cargo de las importaciones y del mercado nacional agrícola, en el que compran barato al ofrecer pago inmediato a los campesinos (a precio castigado) y entregan el producto a sus clientes a lo largo de todo el año y a crédito.

11. Las organizaciones de campesinos mexicanos, salvo contadas excepciones, por falta de apoyo gubernamental, no tienen la capacidad financiera y de almacenamiento para igualar los servicios de estas empresas extranjeras subsidiadas por su gobierno.

12. Ante estos hechos, el Gobierno Federal ha decidido dar prioridad a los intereses de Estados Unidos de América y de sus productores, por encima de lo que le manda la Constitución mexicana, el interés nacional, el interés público y el bienestar de la mayoría de los mexicanos.

13. En este contexto, se privilegian las importaciones alimentarias sobre la producción nacional, aunque estén subsidiadas, como medio para reducir la inflación y contener el precio de los bienes-salario. Aunque esta estrategia se le ha revertido al gobierno mexicano en los últimos años con el incremento de los precios internacionales derivado del uso creciente de los alimentos para la producción de biocombustibles en Estados Unidos y en Europa.

14. Estados Unidos acudió, con la complicidad de Salinas-Serra Puche, a negociaciones paralelas ilegales para evitar la exportación de 650 mil toneladas de azúcar excedentes en México. Hoy el mismo equipo continúa, en esencia, en los principales puestos que determinan la política agropecuaria y comercial del país.

15. Estados Unidos aplica barreras no arancelarias con el propósito de impedir el tránsito de productos agropecuarios. Con la complacencia del Gobierno Mexicano, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos realiza revisiones fitozoosanitarias asimétricas, sin criterios científico-técnicos y en ocasiones hasta dolosas, alejadas de la equidad y el enfoque de espejo previsto en el TLCAN.

16. La negativa a la importación del atún mexicano y al paso del transporte mexicano, son ejemplos de que harán uso de cualquier tipo de barreras para proteger a sus empresas de transporte y pesqueras.

17. Se prevé que los precios internacionales se mantengan altos en el futuro, por lo que necesariamente aumentarán los costos de las importaciones de granos y cárnicos.

18. Es falso que los mayores precios internacionales se traduzcan en mayores ingresos para los productores primarios, debido a los aumentos de precio en los insumos de producción (semillas, fertilizantes, combustibles) y la falta de apoyo a los productores para el almacenamiento de las cosechas y su comercialización. Además, por el hecho de que el mercado está controlado por monopolios que imponen precios al productor y al consumidor a su arbitrio y que por si esto fuera poco, concentran los subsidios a la comercialización.

19. Si los precios internacionales son mayores a los nacionales, ello afecta directamente a los bienes salarios de toda la población; y si los precios son menores, continuarán descapitalizando y quitando rentabilidad a los productores primarios.

20. Es una irresponsabilidad ante la Nación, dejar que los intereses de la economía mundial y las políticas de otra nación, puedan reducir aún más el acceso a los alimentos a los más pobres del campo y la ciudad, y que se tenga el peligro de reducir aún más el menguado poder adquisitivo de la población, que precisamente es la que mayor proporción destina a los alimentos. Es inaceptable que la política salarial sea incapaz de restituir el aumento de los precios de los alimentos y los que se presenten en el futuro.

21. Sin una política soberana en materia de comercialización agroalimentaria, es imposible dar racionalidad a las diferencias de precios entre productores primarios e industriales, y entre productores nacionales e importaciones.

22. Es una irresponsabilidad histórica dejar en manos de un puñado de empresas globales el acceso a los alimentos de la población del campo y la ciudad.

23. El Estado Mexicano debe cumplir con la Convención Americana de los Derechos Humanos, de la que México forma parte, que incluye el derecho a la producción y acceso de los alimentos como un derecho humano, y acatar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que ha establecido la mayor jerarquía de los tratados que protegen los derechos humanos, sobre otros tratados, por ejemplo de naturaleza comercial.

24. Estados Unidos está construyendo un Apartheid en América del Norte, lo que incluye un muro infame y la criminalización de la migración, que contradice todo su discurso de integración.

25. Existen por lo tanto, razones jurídicas, económicas, sociales, de justicia y de soberanía que exigen la inmediata renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.

14. Las consecuencias sociales y económicas del TLCAN agudizaron los problemas estructurales existentes del campo mexicano, por lo que son irracionales, injustas, inhumanas, inaceptables en cualquier nación civilizada, e indignas de la Nación Mexicana:

1. El empleo en el campo se redujo de 10 millones en 1991 a 5 millones en 2006, sin que hubiera otras opciones de empleo o producción económica.

2. Se ha dado un despojo acelerado de las tierras y el patrimonio campesino, especialmente de los pueblos indios, en aras de un supuesto progreso energético, turístico, mineral o urbano, totalmente ajeno a los intereses y derechos de los poseedores originales de las tierras, como los casos la Parota en Guerrero y el proyecto energético eólico del Istmo de Tehuantepec, en los cuales no fueron consultadas las comunidades afectadas.

3. Más del 90% de los productores están vinculados a los mercados locales y regionales y el mercado nacional; y la mayoría no tiene apoyos para el desarrollo de sus capacidades productivas. Únicamente 2% de los productores está en posibilidades de exportar.

4. Los 20 productos liberados en el 2003 representaban el 15% de los productores nacionales; el maíz, el frijol, la leche y el azúcar de caña, involucran al 85 por ciento restante y ninguno de ellos exporta, pero sí son víctimas del TLCAN, porque les impidieron su transición a la competitividad.

5. Es absurda la idea de que todos los campesinos se trasformen en productores de hortalizas y frutales y que todos emigren a las ciudades o a los Estados Unidos.

6. 70% de la población rural está en condiciones de pobreza.

7. En los últimos seis años se ha expulsado a los campesinos de manera masiva de sus tierras: de 29,000 migrantes anuales a Estados Unidos, durante los años 1960-1970, se llegó a 455,000 en el 2006.

8. Todos los días muere más de un mexicano al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. Durante la existencia del Muro de Berlín murieron 350 personas en su intento de cruzarlo. Han muerto más mexicanos en la frontera con Estados Unidos durante el periodo TLCAN, que los muertos en los ataques terroristas en la Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

9. Se han destruido millones de familias en el campo, se ha fracturado gravemente el tejido social y comunitario, hay tres millones de mujeres más que de hombres en el país, y se ha feminizado y envejecido la mano de obra rural.

10. Los consumidores no se han visto beneficiados con menores precios: en 1994 se podían comprar 38 kilos de tortilla con un salario mínimo y 6 kilos en la actualidad; 8 kilos de frijol antes y 3 ahora; 16 litros de leche antes y ahora 5 litros.

11. Se ha dado un incremento sistemático de los precios de los alimentos básicos y ha aumentado la malnutrición de los mexicanos: 20 millones sufren desnutrición y anemia.

12. Debido a la destrucción de la alimentación tradicional mexicana y al consumo de comida chatarra y refrescos, casi el 70% de los mexicanos (70 millones de personas) tiene problemas de obesidad (40%) o sobrepeso (30%). En 2018 México será el país con más personas obesas del planeta. La incidencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes entre 1999 y 2006 aumentó del 21,9% al 28,7%. México es el segundo país con mayor consumo de refrescos per cápita en el mundo. Por otra parte, se tiene una grave desnutrición entre la población indígena y con mayor pobreza del país.⁵

13. Lo anterior ha provocado ya un grave problema de aumento de enfermedades como la diabetes, que tiene un enorme costo personal y económico para la sociedad.

15. El paradigma de apertura comercial y a la inversión extranjera, sin política de desarrollo, es un gigantesco fracaso. Es falso que la economía nacional está bien, que se haya beneficiado del TLCAN y de las políticas neoliberales, y que el Campo sea una excepción:

1. El crecimiento de la economía desde 1982, es de 2.4% anual, contra el 6.5% anual durante los cincuenta años de 1932 a 1982. México tiene el menor crecimiento de América Latina y el Caribe.

2. Con una población de 107 millones de habitantes y una población económicamente activa de 42 millones, sólo se tienen 18 millones de empleos formales con seguridad social y el resto de la población sobrevive en la informalidad, la precariedad, la infrasubsistencia y la extrema pobreza.

3. México es una potencia importadora, no exportadora: la última década, de 1998 a 2007, el déficit comercial acumulado es del orden de 78,330 millones de dólares.

4. Pero, sin exportaciones petroleras y maquila, éste déficit comercial hubiera sido de 475,000 millones de dólares.

5. En 2007 México tuvo un déficit comercial total de 11,183 millones de dólares. El superávit con Estados Unidos se explica por la exportación sin valor agregado del petróleo crudo, y por la mano de obra de 800 mil mujeres y 400 mil hombres en la maquila. Durante 30 años el valor agregado nacional de la maquila ha sido del orden del 2.5%.

6. El aumento de los salarios mínimos de 1.90 pesos para el año 2007 y de 2 pesos para 2008, continúa la política de imponer a los trabajadores condiciones de vida indignas, con el objetivo de concentrar los beneficios en un puñado de empresas y personas. Esta política es inhumana, injusta e irracional, pues al reducirse en 70% el poder adquisitivo del salario en las últimas dos décadas, se ha profundizado la desigualdad, la pobreza y la inequidad en la distribución del ingreso nacional, afectando incluso la posibilidad de recuperación del mercado interno del país.

7. El país se ha desindustrializado y se han perdido miles de empresas. La industria aporta sólo el 27% del PIB del país, cuando en Brasil llega al 38.4%; Argentina 34.6%, Chile 46.8% y China el 47.5%.⁶

8. El gasto público se redujo en 25 años del 42% del PIB, al 24% del PIB, dejando un estado neoliberal raquítico e impotente para promover la creación de la riqueza y la disminución de la desigualdad social. Ninguna nación desarrollada tiene ese nivel de gasto público y el promedio europeo es del 42% del PIB.

9. PEMEX aportó más de 250 mil millones de dólares de impuestos de 2000 al 2006. En 2006 aportó 40% del presupuesto federal, que representó cerca del 9% del PIB, mismo que se ha destinado de manera irracional e injusta al gasto corriente y no a la inversión que requiere el propio PEMEX para incrementar las refinerías, pues importamos el 30% de las gasolinas que se consumen en el país y para exploración y perforación en aguas profundas, pues nuestras reservas probadas alcanzan para los próximos 8 años. Adicionalmente, se ha perdido la posibilidad de destinar inversión pública para el desarrollo industrial, científico, tecnológico y la infraestructura que requiere el país.

10. Con reservas probadas de petróleo para 8 años, México se acerca a un precipicio, pues el resto de la economía no puede aportar los impuestos y divisas que venido aportando PEMEX.

11. El total de las personas morales del país se estima que aportan tan sólo un 2.4% del PIB por concepto de Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores contribuyen con dos terceras partes del ISR del país.

12. Con este modelo de desarrollo es imposible crecer, generar los empleos formales que requiere el país y aumentar los salarios.

La modificación de este pacto de subordinación a los intereses de acumulación de las empresas globales y las naciones más ricas es una necesidad histórica evidente, pues es insostenible, injusto e inviable. Su transformación requiere el pleno ejercicio de las libertades de todos los mexicanos, de la soberanía del pueblo de México y de la democracia sustantiva y representativa, bajo la conducción de criterios de justicia de carácter universal definidos en los derechos y deberes humanos.

El parteaguas del 2008

16. Ante los hechos claramente expuestos y razonados durante más de dos décadas, el Gobierno Mexicano ha decidido continuar con este modelo económico, y se ha negado a dar respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil. El gobierno federal sirve únicamente a una minoría de empresas y grandes corporaciones para quienes el modelo económico neoliberal y el TLCAN ha sido efectivamente exitoso y benéfico. Esta es la razón de fondo de la continuidad de políticas económicas, agrícolas y comerciales que han sido lesivas a la economía nacional y a la mayoría de la población. Quien decide en este país son la oligarquía y los poderes fácticos, no el pueblo de México ni los poderes de la República.

17. Así se constata en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; en el Programa Sectorial Agropecuario y Pesquero 2007-2012 y en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, que fueron elaborados sin la participación real de la sociedad rural y que solo mantienen inercias que no modifican en nada la política pública para el sector rural.

18. Se ha mantenido la decisión injusta de avanzar en la desgravación prevista en el TLCAN, en el marco del modelo descrito, atendiendo más a la fe neoliberal, a los dictados geopolíticos de Estados Unidos y a los intereses de las grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales, que a la razón, los intereses nacionales, el interés público y la Constitución Mexicana.

19. A pesar de tener mayores recursos este año, que pudieran contribuir al cambio del modelo en beneficio de la mayoría de los productores mexicanos, el Gobierno Federal, fundamentalmente a través de SAGARPA, ha impuesto Reglas de Operación no consensuadas con las organizaciones campesinas, con una complejidad artificial que hace imposible el acceso de los pequeños productores a los recursos públicos, en tanto que permite, concentra y orienta el presupuesto rural 2008, fundamentalmente a los empresarios y oligopolios, bajo un esquema centralizado, en contra de las organizaciones campesinas, y con evidentes finalidades de operación política.

20. Ante esta imposición gubernamental, las organizaciones hemos decidido construir un frente común con propuestas unitarias; movilizar y convocar a otros sectores de la sociedad; construir alianzas para cambiar al país, y tener un plan de acción de corto, mediano y largo plazo, que nos permita revertir la situación actual.

21. Lo hacemos como parte una nueva etapa de resistencia y de lucha, pero también de elaboración de alternativas y propuestas que permitan la construcción de un Nuevo Acuerdo Social para las próximas décadas, en búsqueda de la incorporación de los que menos tienen al desarrollo nacional, basado en una nueva economía política y una mayor democracia capaz de traducir en políticas públicas y de estado, los mandatos de la mayoría de la población.

Premisas de nuestra propuesta de Agenda Común

Para transformar la actual situación del Campo y de la Nación, hemos acordado las siguientes premisas:

1. La salvación del campo es la salvación de México, por lo que haremos una defensa intransigente del campo mexicano, y lucharemos a lado de otros sectores del pueblo mexicano por el rescate de la Nación.

2. Defender el carácter multifuncional del sector agroalimentario, forestal, pesquero y sus insumos para la producción, así como los recursos naturales del país que deben ser aprovechados de manera sustentable y por lo que representan para soberanía y la seguridad nacionales y para la historia y el futuro de la Nación.

3. Recuperar y ejercer a cabalidad nuestra independencia y soberanía popular y nacional, para construir un verdadero Estado social y democrático de derecho.

4. Defender las libertades democráticas y la vigencia de las garantías individuales y sociales.

5. Exigir que las decisiones de política pública reconozcan la integralidad y unidad de los derechos humanos civiles, económicos, sociales y culturales del pueblo de México. Por ello, haremos prevalecer los derechos humanos de la población campesina y rural en su sentido amplio, ante cualquier tipo de imposición y uso de la fuerza del gobierno federal. Frente a la política excluyente y represora, opondremos la defensa integral de nuestros derechos y nuestras libertades.

6. Establecer al maíz y la milpa como fundamento de la cultura popular mexicana, como signo de identidad de los mexicanos y como un derecho cultural de los indígenas y campesinos.

7. Enfrentar y modificar la política en contra de los campesinos mexicanos; que se basa en: la de cesión de nuestra soberanía agroalimentaria a los Estados Unidos de América, la entrega de nuestro mercado agroalimentario a veinte grandes corporaciones agroalimentarias mexicanas y trasnacionales; el establecimiento de un sistema de malnutrición e inseguridad alimentaria para la mayoría de los mexicanos y el incremento de los precios de los alimentos básicos en detrimento de toda la población.

8. Impedir que el Gobierno Federal siga conduciendo las políticas públicas en contra de la letra de la Constitución y del Estado de Derecho, y dé cabal cumplimiento a sus mandatos, a las obligaciones contraídas en los Tratados de Derechos Humanos que han sido suscritos y que subordine los tratados comerciales a los intereses nacionales.

9. Democratizar las decisiones económicas fundamentales, para construir un Nuevo Acuerdo Social que modifique la política económica, que asegure la inclusión social, la equidad, la competitividad internacional, el empleo y la alimentación de todos los mexicanos, así como el control y la administración eficiente de la Nación sobre sus bienes básicos y estratégicos.

Agenda Común para el Rescate de la Soberanía Agroalimentaria y la Reactivación del Campo

Las organizaciones hemos acordado la siguiente Agenda para la Transformación del Campo Mexicano, misma que presentamos a la Nación, al tiempo que exigimos y emplazamos al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a que le den una respuesta urgente y puntual:

I. Recuperar y fortalecer la soberanía nacional.

1. Exigir la inmediata renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, a efecto de recuperar la soberanía agroalimentaria cedida en dicho tratado, lograr que el desarrollo sea el centro de la relación trilateral, asegurar el derecho de México a la protección de sus productos básicos y estratégicos para la seguridad y soberanía agroalimentaria, reconocer el derecho de la Nación sobre el patrimonio genético y natural; lograr la entrada temporal de los campesinos a los Estados Unidos y Canadá como "Personas de Negocios", de acuerdo a lo establecido en dicho tratado⁷; así como crear un Fondo Trinacional para la Eliminación de las Asimetrías entre los tres países.

2. Demandamos al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión una inmediata moratoria al TLCAN plus, el llamado Acuerdo por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) por violar la Constitución, la soberanía nacional y derecho al desarrollo del Pueblo de México. Asimismo, rechazamos la mal llamada Iniciativa Mérida (Plan México) que pretende subordinar nuestra seguridad nacional a los planes y mando de Estados Unidos y exigimos al Gobierno Mexicano el rechazo de los recursos con los que se pretende subordinar las instituciones nacionales a la soberanía extranjera.

3. Defensa irrestricta de los recursos energéticos nacionales, petróleo, gas y electricidad; mantener la prohibición de la inversión privada nacional y extranjera en las actividades del sector energético; fortalecer, y considerar a las empresas públicas como instituciones de Estado, que deben contribuir a impulsar el desarrollo integral de la Nación y el campo.

II. Administrar el comercio exterior con base en la Constitución y en beneficio de los mexicanos.

4. Exigimos al Poder Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo expedir de manera inmediata un Decreto para instruir a la Secretaria de Economía para el establecimiento de un mecanismo de administración del comercio exterior del maíz y fríjol, así como sus derivados y subproductos y la creación de una reserva estratégica alimentaría nacional con los campesinos organizados.

III. Modificación inmediata la actual política de desarrollo productivo y rural, y establecer otra de acuerdo a la Constitución y la soberanía agroalimentaria y nutricional.

5. Exigimos que el poder ejecutivo federal, el poder legislativo y los gobiernos de los estados ratifiquen el Acuerdo Nacional para el Campo, mediante la firma del adendum ya aprobado en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable con las organizaciones campesinas.

6. Rechazamos categóricamente las Reglas de Operación que unilateralmente SAGARPA y SEMARNAT publicaron, y exigimos la negociación y consideración de nuestra propuesta alterna que fue definida y aprobada por todos los actores sociales del campo, de conformidad con los acuerdos del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Estamos en contra de la utilización discrecional, clientelar, electoral y corporativa de los programas públicos por el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios.

7. Demandamos la inclusión de los siguientes programas estratégicos: a) Programa multianual de inversiones estructurales y de fomento productivo, como parte de los subsidios para el campo, en las regiones rurales y de agricultura campesina, con prioridad en la producción campesina de alimentos básicos y estratégicos para la soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional, que incluya infraestructura hidroagrícola, equipos para análisis de suelos, construcción de centros de acopio y caminos; b) Programa Multianual de Erradicación del Hambre y la Desnutrición; y, c) Programa de Generación de Empleo Rural No Agropecuario, con énfasis en zonas expulsoras de mano de obra; d) Programa de sustitución de importaciones de granos, oleaginosas y leche; e) Constituir el sistema nacional de financiamiento rural, con mecanismos de adquisición de cosechas nacionales; f) Programa de Extensionismo Rural con base en Instituciones Públicas; g) Industrialización del campo y h) programas multianuales de fomento productivo por rama de producción, que combatan la pobreza y propicien equidad, aplicando mayores recursos de inversión a los campesinos de bajos ingresos y regiones de muy alta y alta marginación.

8. Reestructuración y reorientación, con la participación de las Organizaciones Campesinas, de las políticas públicas agropecuarias, forestales, pesqueras y de desarrollo rural, de mediano y largo plazos y del presupuesto federal para el campo.

9. Establecer una política de Estado y una reforma legal que restituya, reconozca, garantice y desarrolle a los ejidos y comunidades agrarias, su reconocimiento como unidades económicas y sociales que les permita plenamente el usufructo, aprovechamiento, explotación, control y disfrute de sus recursos naturales y su incorporación y participación en cualquier proyecto de desarrollo e inversión, publico, social o privado, en su territorio.

10. Reforma estructural de las instituciones del sector rural, reestructuración de SAGARPA, ASERCA, SEMARNAT y la banca de desarrollo rural y creación de la Secretaría de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, para que den atención eficaz al 95% de los productores y deje de concentrarse en atender el 5% de los productores comerciales.

11. Garantías del Estado mexicano para la provisión soberana de insumos productivos: agua, semillas, fertilizantes y energéticos; y de la infraestructura de almacenamiento, logística y comercialización para los productores organizados.

12. Desarrollo de una política energética pública en beneficio del sector rural que disminuya los precios de sus derivados como la energía eléctrica, diesel y gasolina para las actividades productivas del campo e impulse la producción nacional de fertilizantes nitrogenados. Asimismo, el fomento a la producción y uso de biocombustibles provenientes de las actividades agropecuarias y forestales, garantizando en primer lugar la producción de alimentos para consumo humano, en el marco de la política de soberanía energética del país.

13. Detener el sistemático y permanente despojo, deterioro y destrucción de los recursos y riquezas naturales de ejidos y comunidades, que promueven diversas empresas nacionales y extranjeras, con el apoyo del gobierno federal y local, de carácter turístico, inmobiliarias, forestales, agroexportadores y de manejo de desechos tóxicos, constructoras y demás. Cierre de Minera San Javier, cierre del confinamiento de Zimapán, Alto a la destrucción de manglares, bosques y selvas. Castigo y cárcel a ecocidas.

14. Fortalecer el sistema educativo y de investigación rural público para formar profesionistas con visión nacionalista e innovadora y el desarrollo de una investigación científica y tecnológica acorde a la diversidad socioeconómica, tecnológica y ecológica del País, aumentando los recursos públicos para la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Posgraduados, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el INIFAP, principalmente.

15. Exigimos la prohibición a la siembra de maíz transgénico y el establecimiento de un programa multianual de fomento productivo y de mejoramiento tecnológico para la producción de maíces criollos, híbridos y orgánicos e efecto de proteger nuestra riqueza genética, la economía campesina y satisfacer la demanda nacional.⁸

16. Establecer una política de estado de mediano y largo plazos, para la protección, uso sustentable y resguardo jurídico por parte del Estado Mexicano de los recursos de la biodiversidad en beneficio del pueblo de México y como garante de los mismos ante la humanidad; aplicación del principio precautorio en relación con los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) e impulso a su investigación en México, exclusivamente por instituciones nacionales; protección jurídica de variedades con la asociación de Organizaciones Campesinas, prohibición de la importación de productos alimenticios que incluyan OGM s, y adecuación del marco jurídico a estos criterios.

17. Nos solidarizamos con la demanda de incremento salarial de emergencia del 30% y exigimos un control de precios de la canasta alimentaria básica y acciones contra los monopolios agroalimentarios, ampliando las facultades en la Ley Federal de Competencia contra las prácticas anticompetitivas.

18. Garantizar la vigencia de los derechos laborales y humanos de los trabajadores agrícolas y de los migrantes, y prohibición de la explotación de la mano de obra infantil en las empresas agrícolas.

IV. Restablecer la protección jurídica de la propiedad social y aprobar las bases normativas de la soberanía agrolimentaria.

19. Demandamos a la Cámara de Senadores la aprobación de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y a la Cámara de Diputados la Minuta del dictamen al derecho constitucional a la alimentación.

20. Defensa del territorio, la propiedad social y los recursos naturales de los campesinos e indígenas, mediante cambios legislativos pertinentes; que reviertan las reformas al artículo 27 constitucional y la ley agraria; restituyan el derecho a la tierra como un derecho al trabajo; restablezcan a la parcela ejidal como patrimonio familiar; prohíban que las sociedades mercantiles sean propietarias de predios rústicos y restitución del derecho de preferencia sobre la explotación de los recursos naturales.

V. Respeto irrestricto de las libertades democráticas del pueblo de México, amnistía a los presos políticos de movimientos y luchas sociales y democráticas, y eliminación de la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo Federal.

21. Exigimos el reconocimiento y plena vigencia de los derechos de los pueblos indios de conformidad con los Acuerdos de San Andrés y la Declaración de la ONU correspondiente.

22. Demandamos al Gobierno Federal la concesión de un canal de televisión abierta de alcance nacional y una señal de radio de alcance nacional para la sociedad civil organizada y el respeto a las radios indígenas y comunitarios; para que sean operadas de manera autónoma por estas instituciones y organizaciones, a efecto de contribuir al cabal cumplimiento del derecho a la información e impulsar la democratización de los medios de comunicación en México. Exigimos al Congreso de la Unión las reformas jurídicas necesarias para cumplir con este propósito. Asimismo, exigimos el acceso a los tiempos oficiales en los medios privados y a los medios públicos de radio y televisión federales y estatales, para la expresión de las voces del campo

23. Demandamos el respeto a las libertades democráticas conquistadas por las luchas del pueblo mexicano, el cese a la represión de dirigentes y movimientos sociales en el país y suspender la criminalización de la protesta social. Cese de la represión contra los trabajadores y sindicalistas y pleno respeto a sus movimientos que proponen demandas legítimas, justas y legales, como en el caso de la Minera de Cananea; y cese de la represión contra las bases de apoyo del EZLN. Amnistía general para los presos políticos vinculados a las luchas campesinas y por las libertades democráticas; como los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, entre otros. Por lo anterior rechazamos categóricamente la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública que eleva a rango constitucional el allanamiento de domicilios, los arraigos y cateos, la incomunicación y el uso de comunicaciones privados, entre otros aspectos. Estas reformas lesionan nuestras garantías individuales bajo el pretexto de la lucha en contra de la delincuencia organizada, imponiendo un criterio policiaco para generar un régimen de excepción.

En suma, demandamos establecer un verdadero diálogo democrático y acuerdos con organizaciones campesinas en beneficio de todos los mexicanos para recuperar la soberanía agroalimentaria, mantener la soberanía energética, recuperar el poder adquisitivo de la población, aumentar y diversificar el ingreso campesino, promover empleos formales, recupera las instituciones públicas de seguridad social, respetar los derechos laborales, e iniciar la construcción de un Nuevo Acuerdo Social.

Plan de acción

Para lograr los objetivos anteriores, realizaremos las siguientes acciones:

1. Declararnos, de manera conjunta con la UNT y el Frente Sindical Mexicano, en resistencia y en propuesta alterna frente al gobierno federal y su política anticampesina, de subordinación a los intereses de Estados Unidos y de las grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales, y ante su intento de imponer un estado policiaco-militar en México.

2. Declarar 2008 como año del Movimiento Mexicano por la Soberanía Alimentaria y el Rescate del Campo.

3. Fortalecer el Movimiento Campesino, Sindical y Civil, mediante amplias alianzas en todo el territorio nacional, con un espíritu de unidad y pluralidad, que conduzca de la resistencia hacia la construcción de un nuevo Pacto Social.

4. Caravana Nacional Campesina a la Ciudad de México del 18 al 30 de enero, incluyendo entre otras, las siguientes acciones: tractorada de El Chamizal, Ciudad Juárez a la Ciudad de México del 18 al 30 de enero; caravana campesina de Mérida a la Ciudad de México, entre otras.

5. Marcha Nacional Campesina del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México el 31 de enero de 2008, que será complementada por marchas, mítines y tomas de las Delegaciones de SAGARPA en todas las entidades Federativas del país, así como manifestaciones en Puentes y Puertos Internacionales. Estas acciones serán el punto de partida de otras acciones hasta la consecución de nuestros objetivos aquí planteados.

6. Emplazar a Felipe Calderón a un debate público sobre el TLCAN y las políticas gubernamentales hacia el campo así como a su gabinete y a sus representantes en las entidades federativas.

7. Impulso a la Campaña de Un millón de Firmas Contra el TLCAN.

8. Impulsar las articulaciones regionales de las organizaciones rurales, antes y después del 31 de enero, para lograr la participación de todas las comunidades rurales en todo el país, en la reflexión, deliberación y acciones para la transformación de la realidad del campo.

9. Hacer foros de análisis, reflexión, consenso y acción conjunta, a nivel comunidad, región y estados, para lograr la construcción de un gran acuerdo y consenso social, con mandatos claros para los gobernantes.

10. Referéndum Nacional el 10 de Abril, desde las comunidades rurales, promoviendo debates, foros y brigadas, para establecer un nuevo Mandato para la Nación, por la renegociación del TLCAN y una nueva Política de Estado para la defensa de la soberanía agroalimentaría y la reactivación del campo, con acciones y pronunciamientos desde cada comunidad rural, municipio, congreso local y gobierno estatal.

11. Encuentro Trinacional de Legisladores y Organizaciones de la Sociedad Civil.

12. Convención Nacional de Legisladores del Sector Rural, para revisar los mecanismos legales de la renegociación y protección para los productores nacionales.

13. Organizar un Congreso Nacional Obrero, Campesino, Indígena y Popular.

14. Organizar, de ser necesario, un Paro Agrario Nacional.

15. Relacionar nuestras acciones con otros movimientos sociales en defensa del petróleo, de la energía eléctrica, de los medios de comunicación, la transformación educativa, los derechos laborales, el estado laico, los derechos humanos y sociales, para avanzar en la construcción de un Nuevo Acuerdo Social para el país.

16. Llevar a cabo una campaña de información y concientización a todos los niveles de la sociedad, que incluya los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales de la situación del campo y del país.

17. Promover las modificaciones al marco legal vigente rural, así como el pronunciamiento y compromiso de los Congresos estatales y del Congreso de la Unión, para la recuperación de la Soberanía Agroalimentaria, el derecho a la alimentación y por una Política de Estado nacionalista, debidamente consensuada y justa para el sector rural.

18. Sumar nuestras fuerzas y articular los movimientos sociales en torno a una agenda a favor de un nuevo modelo económico, un Estado social y democrático de derecho, la defensa de las riquezas nacionales, las libertades democráticas y los derechos individuales y colectivos de los mexicanos en el marco de una sociedad pluriétnica y pluricultural, y en defensa activa contra el ultraje de la globalización contra el Pueblo de México.

Llamamientos

Convocamos al Congreso de la Unión a que en el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, reoriente las políticas, leyes, tratados y acciones que tanto daño han hecho al campo y al país en su conjunto. En su condición de depositario de la soberanía popular lo exhortamos a ejercer un eficaz contrapeso a un poder presidencial secuestrado por la oligarquía y obcecado por la defensa de los intereses externos y de una minoría de empresarios monopólicos y apátridas.

Convocamos a las Cámaras de Diputados y Senadores para que con carácter de urgente, analice este Manifiesto Campesino y convenga con las organizaciones firmantes, un Acuerdo para adecuar de manera integral el marco legal necesario a una nueva Política de Estado para el campo mexicano, que incluya, entre otros temas de la Agenda Legislativa, los siguientes:

1. Expedición de un Decreto por el que se mandate al Ejecutivo Federal a solicitar formalmente a los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá, la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.

2. Aprobación de una ley para establecer un mecanismo permanente de administración del comercio exterior del maíz, frijol, edulcorantes y leche, así como sus derivados y subproductos y la creación de una reserva estratégica alimentaria con campesinos organizados.

3. Aprobación por la Cámara de Senadores de la Minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional y por la Cámara de Diputados de la Minuta de reforma constitucional para incluir el derecho a la alimentación.

4. Aprobación por la Cámara de Senadores de la Minuta de Ley para el Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura aprobada por la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura.

5. Aprobación por la Cámara de Senadores de la Minuta de Ley de Gas Natural de Proceso, Amoniaco y Fertilizantes Nitrogenados.

Emplazamos al Ejecutivo Federal a establecer condiciones que manifiesten la voluntad política de dar respuesta a nuestro Manifiesto, como las siguientes decisiones:

1. Expresión pública del Titular del Ejecutivo Federal de su disposición a revisar y concertar, a través del diálogo con las organizaciones campesinas suscritas, el Capítulo Agropecuario del TLCAN y una nueva Política de Estado para el campo.

2. Asumir de manera directa y personal la responsabilidad de su Gobierno en un debate de cara a la Nación, en torno a los dos temas arriba enunciados.

3. Instrucción inmediata para que se revisen y modifiquen las reglas de operación 2008 de los programas de SAGARPA Y SEMARNAT, de conformidad con lo acordado en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

4. Cese inmediato de las campañas mediáticas en contra de las organizaciones campesinas

Llamamos al Pueblo de México:

A las organizaciones sociales y políticas.

Al Consejo Nacional Indígena.

A la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano y a los sindicatos agrupados en estas organizaciones.

Al Movimiento Urbano Popular.

A los trabajadores petroleros, de la industria eléctrica y nuclear.

A los mineros.

A las Maestras y Maestros de este país.

A todos los sectores económicos.

A las organizaciones de consumidores.

A los movimientos sociales que defiende los recursos naturales y los territorios rurales.

A las organizaciones de derechos humanos.

A los estudiantes, académicos, intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos.

A los movimientos campesinos de América Latina y de pequeños productores de Estados Unidos y Canadá.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

A las organizaciones cívicas y personas de buena voluntad en todo el mundo.

A establecer una alianza nacional de movimientos y organizaciones progresistas y democráticos, para recuperar la nación y la soberanía nacional; articular nuestras luchas en torno a una agenda común de transformaciones económicas, sociales y políticas que permitan cambiar el rumbo del país.

¡Alianza Campesina por un Campo Moderno y Socialmente Justo!

¡Ya Basta! ¡Muera el TLCAN Agrícola!

¡No dejaremos la alimentación del Pueblo de México en manos de monopolios e intereses extranjeros!

¡Alianza Campesina e Indígena por nuestra riqueza territorial, cultural, de conocimientos y germoplasma nativo!

¡Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco!

¡El campo no aguanta más. El país tampoco!

¡Salvemos al campo para salvar a México!

¡Alianza Campesina por un Campo sin Pobreza!

Dado en el Zócalo de la Ciudad de México el 31 de enero de 2008.

Atentamente

Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y por la Reactivación del Campo Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco, (AMUCSS, ANEC, CNOC, FDCCH, RED MOCAF, UNOFOC, MAÍZ, CNPA, BARZÓN-ANPAP, COAECh); Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), (CCC, CODUC, CIOAC, COCyP, CNPA-MN, BARZÓN POPULAR, UGOCM, UPAX, APNDRU, UFIC, FEPUR, STINCA); Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), Central Campesina Independiente (CCI), Unión Campesina Democrática (UCD), UCIZONI.

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Atte. Red Nacional de Jovenes con AMLO
Coordinacion Yucatan.
¡Nunca mas un Mexico sin los jovenes!