De economistas

Fundamentalistas
16 de Enero del 2007
Actualizado: 3:53:03 AM hora de Cd. Juárez
Nota original:

Luis Javier Valero Flores
Médico

Los últimos acontecimientos de carácter económico, sobre todo los concernientes a la tremenda especulación del maíz y la subsecuente elevación del precio de la tortilla, vinieron a recordarnos a los mexicanos que los fundamentalismos existen no solamente en la esfera de lo religioso –cuyas consecuencias son harto peligrosas, como bien lo saben no pocos países del orbe-- sino también en la economía, y que sus consecuencias son, incluso, más riesgosas pues no matan a mucha gente de inmediato, pero sí a largo plazo y en cantidades superiores, esas sí que industriales.

Ante la ola especulativa desatada alrededor del maíz, reconocida hasta por el director del Banco de México, Guillermo Ortiz, la única solución, mágica para los gobernantes, fue la de, inmediato, aumentar la importación del grano, para lo cual autorizaron la compra a Estados Unidos de 450 mil toneladas –y otras 200 mil de “cualquier parte del mundo”-- para que, según sus cálculos, la entrada del maíz importado obligue a la baja del precio en el mercado.

De un plumazo, las fuerzas del mercado y los precios internacionales han puesto en evidencia que México depende del exterior para alimentar a su población, a pesar de que las autoridades aseguren que el país es autosuficiente.

Si alguno de los teóricos de la “libertad del mercado” más renombrados del mundo hubiera presenciado semejante decisión habría enloquecido de gusto. Ante la especulación del maíz y la tortilla, los gobernantes le apuestan a las “fuerzas del mercado”, es decir, las mismas que llevaron a la aparición del fenómeno que hoy sufrimos, esto es, apostarle a que las leyes del mercado “solucionen” el conflicto.

La ampliación de la importación del grano significará, apenas, el 8 por ciento de la importación de maíz del 2006, la cual fue de 8 millones de toneladas. De la gravedad del problema dan cuenta los poco más de 60 mil millones de dólares gastados en la importación de alimentos básicos en el sexenio foxista, los mismos que, invertidos en el agro mexicano en la producción de los mismos, seguramente habrían generado no sólo los alimentos necesarios, sino que se habrían constituido en uno de los mejores mecanismos para impedir la impresionante migración a Estados Unidos ocurrida en el mismo lapso.

Pero en ese fundamentalismo, tan presente en quienes han elaborado y ejecutado la política económica en lo general, y la agropecuaria en lo particular en las dos últimas décadas, está ausente la palabra “subsidio” a las clases populares. La paradoja es que, precisamente son los propietarios de las grandes cadenas de supermercados los que ahora están “subsidiando” el aumento a la tortilla, al mantener en un precio no mayor a los seis pesos el valor del kilogramo de tortilla.

Mientras los empresarios hacen lo anterior, el gobierno de la república, para no ser acusado de populista, decide por una medida que va en sentido contrario a los intereses de los productores nacionales, porque el abrir las fronteras a mayor importación de maíz, es eso, un gravísimo atentado para quienes, incluso en las peores condiciones, optaron por la producción de ese grano.

En medio de esa crisis –la del maíz--, y junto con las medidas anunciadas por el gobierno, se alzan voces que claman por “adelantar la apertura a la libre importación del maíz estadounidense que, en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debe llevarse a cabo en el 2008”, dicen, fidelísimos a esa especie de culto que es para ellos el “libre comercio”, y explican que es la única manera de lograr “un equilibrio del mercado”.

Y alegan que una de las limitaciones para que los productores nacionales accedan al crédito es el tipo de tenencia y propiedad de la tierra; sin embargo, se cuidan de decir que durante muchos años eso no fue impedimento para que el Estado otorgara cantidades multimillonarias en créditos a esos mismos productores, lo que pasa es que existían otras concepciones y conforme pasó el tiempo y avanzó la degradación política, esos créditos financiaron el control corporativo que ejerció el régimen priísta.

Contrariamente a las opiniones de quienes defienden a ultranza la hegemonía del “libre mercado” –que, por lo demás, no existe-- México debiera hacer lo que Japón realizó durante décadas (a pesar de ser, a partir de 1945 y por muchos años, un país intervenido), esto es, oponerse a que el arroz formara parte de las mercancías sujetas a los vaivenes de ese mercado.

Los japoneses lo hicieron partiendo de la base que el arroz es algo semejante, en su dieta, a lo que representa el maíz para los mexicanos.

Por si fuera poco, no hay una economía más proteccionista de sus productores agropecuarios que la estadounidense, la misma que ahora es beneficiaria de la crisis de la tortilla mexicana.

Pero ésta no es la única, en los últimos días del año pasado esa misma ideología fundamentalista, que no se equivoca, en materia de salarios llegó a la conclusión de que en esa materia no hay “libertades”, y esa concepción fue la que presidió las resoluciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM).

El incremento del 3.9 por ciento en promedio al salario mínimo ha sido rebasado en gran medida en los primeros días del nuevo año con el incremento de las tortillas y ahora, según afirma el ex presidente de la Canaco-Chihuahua, Víctor Silva, y empresario de la carne, ésta sufrirá un incremento del 5 por ciento. Esto, sin tomar en cuenta el incremento al precio del maíz con lo que habremos de sufrir en los próximos días un aumento en ese artículo tan lejano para un creciente número de personas.

Solucionar el problema del maíz implica una revisión a fondo de las políticas llevadas al cabo en los últimos años, y en sentido totalmente contrario a ellas, pero el problema radica en sus operadores. ¿Podrán hacerla quienes son adoradores fundamentalistas de las teorías del libre mercado?

No parece que lo puedan hacer. Ojalá la realidad no los obligue a efectuarlas en condiciones absolutamente desfavorables, cuando la crisis social llegue hasta sus oficinas y despachos.